Durante el sexenio de Mario Marín no se pudo poner en funcionamiento el servicio profesional de carrera en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) ni hay un control preciso del personal que se tiene que depurar en esa dependencia y al que se le tiene que aplicar pruebas de control de confianza, reconoció el titular de esa dependencia, Rodolfo Archundia, durante su comparecencia ante el Congreso del estado.
El abogado del gobierno marinista dijo que ningún agente del Ministerio Público (MP) admitió que la dependencia a su cargo no pudo resolver el caso de la desaparición del empresario Juan Fueyo MacDonald, del que no se ha sabido nada desde el 28 de agosto de 2009 y rechazó que el estado sea un “santuario” de los narcotraficantes y sus familias.
Dijo que Puebla ocupa el lugar 21 a nivel nacional en secuestros, “no me importa que ese número esté por debajo del promedio nacional, porque aunque haya un solo secuestro, siempre será un problema preocupante (…) no estoy conforme, no deberíamos tener delitos de ese tipo” y admitió que hay 11 mujeres desaparecidas.
Ante los legisladores de la Comisión de Gobernación evitó responder directamente los cuestionamientos sobre el caso y liberación de Humberto Alan Ibarra Meza, exfuncionario público apodado el “Mata valets”, que dijo es tarea del juez que lo dejó ir.
También enlistó el estado que guardan los casos de las empresas defraudadoras que dejaron en la bancarrota a miles de familias poblanas: de Coofía hay ocho mil 131 denuncias de las que tres mil 41 están en los juzgados, el monto total de éstas supera los 829 millones de pesos; hay 18 presuntos responsables y ningún detenido.
En el caso de Sitma hay siete mil 360 denuncias de las cuales seis mil 635 están en juzgados por 944 millones de pesos, sólo cinco han sido detenidos; contra Bienestar Social La Paz hay mil 301 denuncias, de las que 789 están en juzgados por demandas que en suma representan más 324 millones de pesos, entre otras.
Nota leida en:http://www.mpuebla.com/nota.php?id=22047
28/01/2011 Archundia: Puebla no es santuario de capos
Delincuencia organizada, secuestros y fraudes de las cajas de ahorro e inmobiliarias fueron los temas que principalmente abordaron los legisladores de la LVIII legislatura durante la comparecencia del procurador de Justicia en el estado, Rodolfo Igor Archundia Sierra.
El titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) dio a conocer que de 2005 a 2010 en el tema denominado como delincuencia organizada que se detuvieron a 58 personas, sin dar mayores detalles, puntualizando que “Puebla no es santuario de capos”, como lo cuestionó la diputada Miriam Galindo del Partido Acción Nacional.
Respecto a delitos del fuero federal (narcomenudeo, delincuencia organizada, uso de armas de fuego y explosivos), la entidad se encuentra en el último lugar a nivel nacional ocupando el sitio 32.
En materia de secuestro en el mismo periodo y, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se iniciaron 83 averiguaciones previas con 213 detenidos, ocupando a nivel nacional el lugar 21.
Respecto a delitos del fuero común Puebla ocupa el lugar 18 a nivel nacional, siendo los principales ilícitos: lesiones dolosas, robo a casa habitación –ocupando el lugar 21 a nivel nacional-; robo de vehículos –ocupando el lugar 27-.
Los “megafraudes” de empresas como Coofia, Sitma, Bienestar Social La Paz, Icoin, Invergroup, Comsbmra, Geisi, Invertlax, Fusión, Burcap, Financiera del Sureste Crebain e Invercapital, están en proceso con autoridades judiciales y únicamente, especificó Archundia Sierra, Coofia y Bienestar Social La Paz cuentan con medios alternativos como lo es el fideicomiso federal, el resto se tendrán que revolver por otras vías.
Otro tema que se abordó durante la última comparecencia del titular de la PGJ, fue el de mujeres desaparecidas en el estado, aclarando que sólo existen 11 y no 3 mil 323, llamadas que recibió Locatel en el periodo de 2005 a 2009.
Sin sobresaltos se realizó la última comparecencia de Archundia Sierra, correspondiente a la glosa del sexto informe del gobernador, Mario Marín Torres.
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